Bienvenidos a la primera publicación de este blog dónde se difundirán todas las acciones del Frente Plural Ciudadano que es una organización política y social conformada en el 2012 en el Estado de México (al centro del país) con el objetivo de generar una consciencia social en la ciudadanía sobre nuestra realidad, para en un futuro próximo ¡ser nosotros quienes tomemos en nuestras manos nuestro destino para construir juntos un mundo donde quepan muchos mundos!
Reforma en
telecomunicaciones, la simulación perfecta
Por Juvenal Valenzuela
Si bien es cierto que en México
no se había realizado una legislación de gran calado desde los años 60 del
siglo pasado en materia de telecomunicaciones, la reforma en el tema aprobada
por la mayoría de los diputados de México hace unos días no posee en esencia
todas las bondades que plantean como el combate a los grandes monopolios o la democratización de los medios de
comunicación, por mencionar solo algunos calificativos.
En medio de una cobertura
oficialista mediáticamente aglutinante que marco la agenda informativa de la
mayoría de los medios de comunicación, quienes sin generalizar mostraron su
respaldo a esta propuesta, la reforma fue aprobada a vapor dentro de la Cámara
de diputados ya que en un tiempo record de cuatro días la Comisión de Puntos
Constitucionales avaló el pre dictamen en la materia y en tan solo día y medio
( tarde del miércoles 21 y madrugada del jueves 22 de marzo) el pleno la aprobó
con 414 votos a favor, 8 abstenciones y 50 en contra, sin embargo la mayoría de
los representantes populares no tuvieron oportunidad de leer el proyecto,
puesto que los puntos fundamentales del texto final fueron terminados de
redactar unos minutos antes de que fueron votados.
Como lo denunció esa madrugada la diputada
del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, quien delató que el dictamen final solo
había sido realizado por menos de diez legisladores.
Así lo expresó la chihuahuense: “(Los
coordinadores y “agitadores” políticos y económicos que visitaron la Cámara ese
día) tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos
decir el 98 por ciento de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque
les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las
adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta
y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían”.
Quienes pudimos presenciar el
debate de sordos en la Cámara de diputados atestiguamos como los coordinadores
parlamentarios de los partidos afines a la legislación dictaban órdenes
precisas a sus correligionarios para que se mostraran en contra de todas las
modificaciones planteadas por asambleístas del PRD, PAN, PT y Movimiento
Ciudadano, quienes no dejaron de subir a tribuna para expresar una y otra vez
planteamientos que sin lugar a dudas hubieran hecho de esta legislación un
código henchido de pluralidad y no un pacto de cúpulas.
Esta legislación es en resumen una
simulación que solo favorece a los grandes empresarios como Emilio Azcárraga
Jean, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim Helú, Olegario Vázquez Raña o Francisco Robinson Bours-Castelo, por mencionar solo una
pléyade de magnates en manos de quienes están los medios de comunicación en
México.
El documento final
El texto que aprobaron los
diputados en materia de telecomunicaciones según se lee en la Gaceta Parlamentaria del 21 de marzo
“reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73,
76 y 94 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.”
La propuesta al artículo sexto refiere
que el Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha por lo que “el Estado deberá
realizar un conjunto de acciones para ofrecer precisamente tal acceso a la
población”.
Si leemos entre líneas este texto, entenderemos que el beneficiado aquí
no será la población sino los empresarios encabezados por Carlos Slim
poseedores del monopolio de la concesión telefónica y de internet, ya que al buscar obligar al Estado a
garantizar este servicio obviamente tendrá que recurrir a empresas como Telmex que posee cerca del 80% del
mercado nacional aprovechando la red de fibra óptica para estos fines donde se
permitirá inversión privada, sin que se especifique bajo qué porcentaje de
participación privada, limitantes y que ganancias obtendrá el Estado mexicano.
Jugoso negocio.
Además esta legislación es incompleta puesto que busca garantizar este
derecho a los mexicanos sin atender primero que las tarifas de telefonía fija e
internet se reduzcan ya que de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México únicamente dos de
cada diez hogares cuentan con conexión a internet, debido a que no lo pueden
contratar por los altos costos del servicio que para la OCDE es el más caro del mundo al señalar que los mexicanos pagaron 13 mil 400 millones de
dólares anuales entre 2005 y 2009, a causa de sobreprecios en telefonía fija y
móvil y en servicios de banda ancha, en un mercado que es dominado por las
empresas del hombre más rico del mundo en un país con más de 60 millones de
pobres.
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| Niveles de velocidad y costo del servicio de internet en todo el mundo. México es de los más caros y más lentos |
En el mismo artículo sexto se
promueve la creación de un organismo público que regule el servicio de
radiodifusión sin fines de lucro para; “garantizar la libertad de expresión e
información y asegurar que promuevan la integración nacional, la formación
educativa, cultural y cívica, difusión de información imparcial que fortalezcan
la vida democrática de la sociedad”.
Esta propuesta es solo la
fachada, una máscara, puesto que en múltiples de las reservas presentadas por
diputadas y diputados opositores a esta reforma se planteó la creación de la
figura del ombudsman obligatorio para cada medio de comunicación con el
objetivo de fungir como un canal entre la ciudadanía y la empresa con el
objetivo de recibir quejas de los consumidores, darles voz y voto entorno a que
consideran adecuado o inadecuado del contenido, entre otras cuestiones, sin
embargo fue rechazado a mano alzada y sin pensarlo dos veces por la mayoría
avasallante conformada por el PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza.
Cabe destacar que países de
Latinoamérica como Colombia y Argentina aprobaron en los años 90 y en fechas
recientes, respectivamente, la figura del ombudsman de los medios de
comunicación.
De igual forma negaron
rotundamente que el diez por ciento de las concesiones radioeléctricas se otorguen
a comunidades indígenas, o a organizaciones que promuevan la ciencia y la
cultura con el objetivo de rescatar la identidad y valores nacionales, además
de fomentar alto contenido educativo en los medios de comunicación mexicanos.
En este mismo tema el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro de
origen indígena, criticó esta negativa en tribuna: “La sensibilidad de destapar
siquiera un renglón de la composición pluricultural, pluriétnica y multilingüe
de esta nación, que le ha dado una identidad nacional, pero ahí estamos los
pueblos indígenas siempre utilizados para el folclor, solamente”.
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¡Los indígenas sólo somos usados para el florklor y nada más!, acusa legislador náhuatl
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Y si es cierto que tanto les
interesa el derecho de información de la ciudadanía ¿Por qué también rechazaron
que el Canal Judicial y el Canal del Congreso se transmitan en televisión
pública? ¿Acaso creen que no es importante para la “democracia” mexicana, de la que tanto hacen alarde, difundir
las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (máximo tribunal
judicial y cabeza del Poder Judicial en México) y todo lo que acontece en el
Congreso de la Unión que conforma el Poder Legislativo de esta República a través
de la Cámara de Senadores y Diputados?
Mucho ojo, en este mismo
apartado (6º) se plantea que será considerado como delito el hecho de meterse
en la vida privada de los semejantes, claro está que se debe respetar la
intimidad, religión, preferencias sexuales, vida conyugal, y demás cuestiones
de los individuos, sin embargo actúa de manera ambigua ya que con esto ¿Ahora
será ataque a la vida privada conocer las propiedades, donaciones monetarias y
estados financieros de las cuentas bancarias de Enrique Peña Nieto? ¿O será
atentar contra su vida privada conocer cómo y en que se gasta nuestros
impuestos en sus viajes de vacaciones a su mega residencia de Miami o al
castillo en Francia de su tío el ex gobernador mexiquense Arturo Montiel?
De igual forma en el artículo
sexto apartado B se prevé la creación de un organismo público y autónomo que
velará por proveer un servicio de radiodifusión digno, imparcial, plural en
todo México, que será dirigido por un Consejo integrado por nueve miembros
honorarios seleccionados por dos terceras partes del Senado de la República
(dominado por el PRI) mientras que el presidente de este organismo durará cinco
años en su cargo y será designado por el presidente de México y ratificado
nuevamente por la mayoría de senadores priistas.
En el artículo quinto
transitorio se aprobó que la inversión extranjera directa en televisión y
comunicación vía satélite pueda ser de hasta
un 100% y en 49% para radiodifusión, siempre y cuando solo para el ramo de radiodifusión (ojo solo
radio no televisión) exista reciprocidad en la inversión, esto es que si viene
una empresa extranjera a invertir en radio se permita que una empresa mexicana
pueda invertir en el país de origen de esta organización como mínimo en el
mismo porcentaje en materia de radiodifusión en el país extranjero que se
trate.
Por ejemplo si viene una
empresa española a invertir en la radio mexicana, Televisa o Tv Azteca tienen que ser recibidas de la
misma forma en el Viejo Continente y se les tiene que permitir el mismo
porcentaje de inversión en España en el mismo ramo.
Esto a todas luces parece
magnífico, pareciera ser el sueño dorado de los mexicanos, muchos opinaran
¡vaya hasta que nos respetaran en el extranjero, así nos posicionaremos como
una potencia económica a nivel mundial!, pero nada más alejado de la realidad
que pensar eso.
Este artículo solo viene a
dar más poder al dictador, a dar más dientes a la bestia, porque no se
contemplan más espacios para la difusión y cultura mexicanas, no se contempla
acabar con los monopolios en México sino fortalecerlos, ni mucho menos reducir
las tarifas en televisión de paga que son las más caras de todo el mundo,
tampoco se busca brindar mayores espacios a la ciudadanía ni pluralidad en los
contenidos ya que vendrán monopolios extranjeros a afianzar el acaparamiento
del mercado nacional, que de por sí ya está en muy pocas manos y en contra parte se plantea bombardearnos y
atraer mayores contenidos televisivos de otros países como se ha hecho en
recientes fechas con la entrada a México de programas como Laura en América de
Laura Bozzo, el chantaje de Big Brother, decenas de telenovelas requemadas en
otros países que generan estereotipos, discriminación, violencia sexual y
realidades alternas como RBD o La fea más bella, los programas norteamericanos
que se presentan en diversos canales desvirtuando nuestra identidad o bien la
invasión de infomerciales relacionados con productos milagro, decenas de
reality shows mexicanizados como La Isla, La Academia o La Voz México, series
televisivas con poco valor cultural / educativo o los famosos talk shows como
Cosas de la Vida, Pa, Lante Con Cristina (sic), Caso Cerrado, y hasta programas
religiosos por mencionar solo algunos ejemplos.
La abrumadora diferencia es
tal que en México solo existen dos canales de televisión pública dedicados a
cultura y educación que son el canal 11 del Instituto
Politécnico Nacional y el 22 del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, mientras que en contraparte ocho
canales son utilizados por los grandes empresarios mexicanos en alianza con
financiadores internacionales para difundir todos los contenidos expresados en
el párrafo superior.
En la radio ni se diga, hace
unos años según cifras de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) operaban 1332 emisoras de radio fm,
en su avasallante mayoría con fines mercadológicos y publicitarios y solo 64
estaciones permisionadas o concesionadas a instituciones públicas cuya
programación poseía fines principalmente destinados a la difusión cultural.
Hoy en día el Comité
de Radio y Televisión del Instituto
Federal Electoral afirma que existen 1049 canales de televisión, 1857
estaciones de radio am y 1691 de fm en todo México, de las cuales casi todas
son propiedad de particulares.
En su último informe de
labores SCT afirmó que para 2012 el monto de la inversión gubernamental en
telecomunicaciones llegó a los cinco mil millones de pesos, mientras que la
inversión privada superó los 58 mil 500 millones de pesos.
Estas estadísticas nos dicen
muchas cosas, la primera que el Estado debe invertir más en telecomunicaciones
para garantizar contenidos plurales, educativos, culturales y humanistas a
la sociedad, segundo antes de buscar
traer mayor inversión extranjera se debe hacer valer la Ley Federal de Radio y Televisión que entre otras cosas establece
en su artículo cuarto y quinto que el Estado debe garantizar que la radio y
televisión cumplan con su función social de fortalecer la integración nacional
y el mejoramiento de las formas de convivencia, respetar la dignidad humana,
evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y
juventud, elevar el nivel de cultura del pueblo y conservar sus
características, costumbres, tradiciones, idioma y valores nacionales, por si
fuera poco el artículo sexto establece que el Ejecutivo Federal promoverán la
transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social,
cultural y cívica.
Preguntó ¿Qué no es acaso lo
primero que violan los monopolios de medios de comunicación que se verán
beneficiados por esta nueva reforma a las telecomunicaciones, hasta cuando
respetaran y harán valer la Ley Federal
de Radio y Televisión y su reglamento? ¿Hasta cuando dejarán de violar una
y otra vez la Ley General de
Salud en Materia de Publicidad y su respectivo estatuto y todas las demás legislaciones en la materia?
Tercero ¿Por qué aprobar
mayor inversión extranjera en telecomunicaciones y al mismo tiempo negar a las
comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones u agrupaciones públicas o privadas de ciencia o
cultura, otorgarles de manera exclusiva el 10% del espacio radioeléctrico que
por derecho constitucional les pertenece, como se planteó en tribuna una y otra
vez hasta las cuatro de la mañana del 21 de marzo?
Y cuarto y último ¿Por qué garantizar los derechos de los empresarios a
un libre mercado nacional y no garantizar los derechos humanos y laborales de
los trabajadores de la telecomunicación en México, al negar en tres ocasiones
la propuesta de diputados de colocar un párrafo complementario donde se avalará
estas garantías dentro de la propia reforma?
Nuestros asambleístas también modificaron una parte de la iniciativa
(artículo 27) que establecía que el titular del Poder Ejecutivo podría brindar
opiniones sobre las concesiones del espacio radioeléctrico (televisión y radio)
otorgadas a particulares por el próximo
Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin embargo de manera flamante y
preservando “la soberanía e independencia de este órgano” (sic) acordaron que
no será el presidente de México sino el secretario de Comunicaciones y
Transportes quien podrá emitir esta declaratoria a favor o en contra.
Seguramente serán tan ingenuos, inocentes o ilusos para no conocer que el
titular de la SCT recibe órdenes directas del máximo mandatario de la nación,
pero claro esta lo hicieron como aseguró el diputado federal panista José
González Morfín “para garantizar una opinión no vinculante del Ejecutivo” y le
preguntó a este individuo ¿A caso no saben que las secretarías de Estado están
subyugadas al Ejecutivo? ¡Claro que lo saben señores!
En el artículo 28 los diputados plantean la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica
(CFCE) para combatir los “monopolios y las prácticas monopólicas que restrinjan
el correcto funcionamiento del mercado”, sin embargo esto no es nada nuevo ya
que desde 1993 existe la Comisión Federal
de Competencia (CFC) que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que fue facultado
para “prevenir, investigar y combatir los monopolios” sustentado en la Ley Federal de Competencia Económica. La
propuesta asegura que la CFCE tendrá
mayor independencia y que sus comisionados serán elegidos nuevamente por el
presidente de México y ratificados por la mayoría priista en el Senado, entonces
¿Para qué crear otro organismo supuestamente autónomo que será dirigido por
quien así lo desee el presidente de México?
Sin salirnos de este
artículo también ratificaron la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), del cual les
hable líneas arriba, con el objetivo de llevar a cabo la regulación, promoción y supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del
acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
Sin embargo vemos
nuevamente dos puntos totalmente negativos en esta sección, en primera
instancia como lo apuntamos arriba el comisionado presidente será elegido por el presidente de México y
ratificado por la mayoría priista del Senado dejando a un lado la autonomía de
la que tanto hacen alarde y segundo estas mismas funciones las realiza
actualmente la Comisión Federal de
Telecomunicaciones a cargo de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes sin embargo en una simulación aseguran que
ahora el nuevo IFETEL será independiente de esta dependencia sin embargo el
titular de la SCT dará visto bueno o negativo a las acciones de otorgamiento o
retiro de concesiones o prestaciones de nuestro espacio radioeléctrico. Nada
nuevo bajo el sol.
La creación de estos
dos órganos tendría alguna ganancia si se garantizará que ningún ex funcionario
público o privado como lo son secretarios de estado, gobernadores, diputados,
senadores o ex directivos de las empresas como Televisa, Tv Azteca, Telmex y demás no pudieran entrar en la
convocatoria para presidir estas nuevas instituciones, sin embargo muy
seguramente veremos dirigir los destinos de la CFCE e IFETEL a viejos
políticos o empresarios que no hayan ejercido cargo público o privado en
empresas de radio y televisión en cuando menos cinco años como lo establece la
convocatoria. Cabe destacar que estos comisionados duraran en su cargo un
periodo de nueve años con un sueldo que aun no se conoce, esperemos que no
ganen la millonada que recibe mes con mes por ejemplo los consejeros del IFE o los magistrados de la SCJN, aunque sinceramente dudo mucho que
vayan a tener salarios modestos.
En la propuesta modificatoria
al artículo 73 constitucional se plantea que el Congreso de la República tiene
la facultad para dictar leyes sobre tecnologías de información, comunicación,
radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet.
¿Qué estará tramando este
Congreso dominado por legisladores oficialistas leales al régimen, acaso una ley
SOPA, PIPA o reavivar la Ley Döring propuesta hace unos meses por el panista Federico Döring misma que fue catalogada por expertos en el tema como violatoria a los
derechos humanos de libre expresión e información?
Antes de la aprobación final so facto que se dio en la Cámara, se
presentaron diversas propuestas modificatorias al documento de Reforma en
Telecomunicaciones que en
términos generales consistieron en 92 proposiciones, mismas que les explique en
este breve análisis y que están marcadas en negritas, las cuales fueron rechazadas
por la telebancada una y otra vez durante el debate en el pleno el cual se
extendió hasta las 4:11 de la madrugada del jueves 21 de marzo, donde los
asambleístas leales a la reforma que les acabo de exponer boicotearon e
hicieron hasta lo imposible por que los congresistas de oposición no
continuarán exhibiendo sus ideas modificatorias, inclusive en una actitud
vergonzosa cientos de ellos se mofaban, gritaban apodos y realizaban burlas a
los opositores que en ese momento hacían uso de la tribuna.
Diversos especialistas como
el investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Javier
Esteinou y John Ackerman consideraron que esta propuesta legislativa es solo
una legislación cupular que beneficia a unas cuantas minorías reduciendo las
posibilidades de que la ciudadanía consuma información veraz, crítica,
imparcial e informativa.
Ahora esta propuesta será discutida en los
próximos días en el Senado de la República.
Ante todo esta información un reciente
estudio realizado por Integralia, asegura que el Congreso mexicano es el quinto
con mayor presupuesto en el mundo, ya que tan solo en 2010 tuvo un costo de más
de 8 mil 800 millones de pesos al erario y es a su vez uno de los que menos
resultados y trabajos realiza en todo el planeta.
¿Y a todo esto a los ciudadanos
que nos queda realizar? Muchos dirán absolutamente nada, sin embargo nuestro
poder es tal que si dejamos de consumir estos
productos comunicativos ellos se verán obligados a modificar los
contenidos hacía las tendencias populares, además como ciudadanos podemos ser
comunicadores de lo que acontece en nuestra sociedad y difundirlo en redes
sociales, internet o espacios públicos de primera mano y de forma veraz,
también podemos informarnos por medios alternativos de comunicación y comenzar
a generar una mirada más crítica de la realidad cuestionando absolutamente
cualquier contenido que veamos en los medios e investigando a su vez mayor
información, el por qué de tal situación, causas, consecuencias, antecedentes,
por mencionar solo algunos ejemplos.
